Denuncia que se le “criminaliza” desde el Gobierno con nuevas normativas.
La distribución deberá destinar el 5,2% de las ventas a renovarse
El sector del gran consumo eleva el tono en sus reclamaciones al Gobierno. Este, que ya viene insistiendo en los últimos meses en que se reduzcan impuestos y no se eleve la complejidad normativa, da un paso más y habla abiertamente de una “criminalización” por parte de la Administración, en forma de nuevas regulaciones que elevarán costes, inversiones y que, según avanzan, acabarán trasladándose a los precios.
Así lo apuntaron los principales representantes de esta actividad en la 37ª edición del Congreso Aecoc de Gran Consumo. El presidente de la patronal, que aglutina a más de 30.000 empresas, tanto fabricantes como distribuidores, fue directo reclamando “seguridad jurídica”
Fuente: Cinco Días